Garanticemos la transparencia electoral
Debemos recuperar el orgullo por votar a consciencia y transmitírselo a las generaciones que crecen y que necesitan ese ejemplo.
Quien vende el voto comete un delito. El Código Penal contempla los delitos electorales. Entre ellos está la compra de votos, pero también las conductas que más vulneran la transparencia de las elecciones: perturbar o impedir la votación o el escrutinio, constreñir al sufragante o engañarlo para que vote por un determinado candidato, inscribir la cédula en un lugar con el que no se tiene ningún vínculo, elegir candidatos inhabilitados, ofrecer votos de un grupo de ciudadanos en favor de un candidato a cambio de dinero, suplantar a un ciudadano y votar en su nombre…
Los servidores públicos tampoco están exentos: si obstaculizan o impiden injustificadamente la inscripción de candidatos, si facilitan los votos fraudulentos, si retienen los documentos necesarios para el voto, si no entregan los documentos electorales a tiempo o si alteran los resultados.
Por supuesto, el llamado también va para las candidaturas y la ciudadanía en cuanto a la financiación de las campañas políticas: pueden incurrir en delitos si financian las campañas con fuentes prohibidas, si superan los topes de gastos u omiten reportarlos. Estos delitos tienen como consecuencia penas de cárcel.
Quien se tome en serio la democracia debe tomarse en serio la transparencia de las elecciones. Que no son de las campañas ni de las autoridades electorales, sino de toda la ciudadanía. Para eso, tanto las instituciones como la sociedad civil ponen a disposición herramientas de denuncia.
Desde la MOE contamos con la plataforma desde la cual se reciben las quejas por cualquier irregularidad y se direccionan a las autoridades competentes. Invitamos a utilizar este canal, pero, sobre todo, a cada uno a contribuir con la democracia y a participar con responsabilidad en estas elecciones.
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