La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades para que tomen medidas que garanticen los derechos de más de mil personas que han tenido que desplazarse entre el 17 y el 20 de enero a causa de hechos violentos ocurridos en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

En diálogo con Energía Positiva, Ingrid Rusinque, delegada nacional para la defensa de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo señaló que una nueva situación se presentó el 20 de enero, cuando tres familias de la inspección Morcote del municipio de Paya, Boyacá, se desplazaron por la ocurrencia de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, y se encuentran en riesgo de desplazamiento otras familias de la región.

Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima, en la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura, se dio el estallido de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del ELN a miembros de la comunidad. Allí, la Junta Directiva del Consejo Comunitario advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de desplazamiento de cinco comunidades.

La funcionaria aseguró que de las tres familias, una ya retornó a su territorio y con las otras dos se adelanta apoyo por parte de la Defensoría del Pueblo, con los protocolos pertinentes.

Rusinque hizo un llamado a la calma y aclaró que la alerta se emite para la protección de los derechos de los ciudadanos y no para alarmar a la comunidad.